Nuestra costa se encuentra hoy en una condición crítica de cambio y en un estado de fuerte degradación. Un espacio que históricamente ha sido el cimiento de grandes civilizaciones, que alberga la mayor cantidad ecosistemas de alta valoración natural-cultural, clave en el desarrollo económico de las naciones y, que alberga la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Se estima que cerca del 50% de la población mundial actual (tres billones de personas), vive a menos de 60 kilómetros de la zona costera.
Pero la costa es un espacio reducido que comprende solo el 20% de la superficie terrestre, y que entrega servicios ecosistémicos equivalentes al 77% del valor total del mundo, generados en humedales y cuerpos de agua costeros. En Chile las ciudades han crecido en torno a ejes costeros construyendo nuestras principales áreas metropolitanas en esos territorios. El costo de ello ha sido el relleno de humedales para proyectos inmobiliarios, la ocupación de campos dunares, la extracción de arenas de playas, ríos y dunas, contaminación de cuerpos de agua y suelo, fragmentación del paisaje costero, artificialización del paisaje costero con obras de ingeniería, entre otros.
El cambio climático ha acelerado muchos de estos procesos naturales que podrían haber retrasado este deterioro. En los últimos ocho años el país ha pasado por tres procesos de reconstrucción post desastre de terremotos (2010, 2014 y 2015), aluviones, –otros menos conocidos hasta ahora como trombas marinas y huracanes– marejadas y, recientemente, la erosión costera en gran parte del litoral arenoso del país. Estos eventos extremos se relacionan con las formas de ocupación en la costa, causando una profunda degradación en la mayoría de los ecosistemas en especial humedales costeros, que en el mundo se consideran hábitats críticos y son protegidos por figuras legales. Hoy en día vemos con impotencia como las grandes inmobiliarias “toman” los humedales costeros, los campos dunares y la playa, y cómo algunas autoridades locales y regionales apoyan proyectos de conectividad que terminan fragmentando estos ambientes.
Los cambios en la zona costera están siendo percibidos más rápido por la comunidad organizada, que por políticos y tomadores de decisión, pero es urgente tomar acciones para revertir estos procesos, y para lograrlo Chile necesita una Ley de Costa. La actual Política Nacional de Uso del Borde Costero, vigente desde 1992, no es suficiente para proteger los ecosistemas costeros, ya que delimita la “costa” hasta la línea de playa (donde llegan las olas en las más altas mareas), lo que no excede un ancho de 200 metros en la práctica, dejando fuera de protección a humedales y dunas en todo el territorio nacional.
Lee la columna publicada en el diario La segunda aquí
agosto 14, 2019