El último informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, dado a conocer en septiembre de 2021, da cuenta de un importante aumento de desastres socionaturales, especialmente aquellos asociados a fenómenos climáticos. Las estadísticas recopiladas muestran que los eventos climáticos que han provocado 10 o más muertes, afectado a 100 o más personas, requerido una declaración de estado de emergencia o una solicitud de ayuda internacional, se han quintuplicado en los últimos 50 años a nivel global.
En Chile, en tanto, la tasa de ocurrencia de desastres por inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando en promedio de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX, a más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Los impactos asociados a las marejadas, olas de calor e incendios, también han aumentado debido al cambio climático (ver los cambios de pendiente en las curvas de la Figura 1).
Si bien en el mismo periodo el número de fallecidos por desastres se ha logrado controlar, en gran medida gracias a la investigación científica y los avances tecnológicos que han permitido implementar sistemas de alerta temprana y mejorar el manejo de la información y la comunicación de riesgo, el aumento en frecuencia de eventos de clima extremo está produciendo impactos reales y dramáticos en la vida cotidiana de millones de personas en Chile y el mundo. Fenómenos que están además profundizando la desigualdad y generando una carga sociopolítica cada vez más difícil de manejar para los gobiernos.
Los desastres NO son naturales, son una consecuencia evitable –o al menos mitigable– de la interacción entre amenazas (naturales o antrópicas) con otras dos dimensiones que podemos controlar a través de decisiones individuales y de política pública: la exposición y la vulnerabilidad. A diferencia de los terremotos, que pueden afectar a todo el territorio nacional y cuyos impactos han sido controlados a través de exigentes normativas de construcción que reducen la vulnerabilidad física de las edificaciones, la reducción del riesgo asociado a inundaciones requiere de soluciones locales y descentralizadas. El impacto de tsunamis, marejadas o aluviones, por ejemplo, puede reducirse significativamente reconociendo las funciones de mitigación de inundaciones que proveen las planicies fluviales, humedales, dunas y playas, favoreciendo su conservación al mismo tiempo que se reduce nuestra exposición a través de la planificación urbana y territorial. Estos sistemas naturales son verdaderas fuentes de resiliencia y deben ser valorizadas como infraestructura verde para reducir el riesgo de desastres, y a la vez mitigar y adaptarnos al cambio climático.
Por otro lado, mejorar la educación, reducir la pobreza y las diferencias de acceso a bienes y servicios básicos –en definitiva, un mejor sistema de seguridad social- permitirá disminuir las vulnerabilidades sociales y formas desiguales en que estas amenazas impactan a distintos sectores de la sociedad.
