El presente documento busca presentar una serie de recomendaciones para la construcción de políticas públicas sobre la gestión del riesgo, que incluya los diferentes conocimientos locales, a través de una participación activa de la sociedad civil.
Para esto, CIGIDEN ha realizado una investigación sobre la forma en que se plantea la política de la gestión del riesgo en Chile en contraste con otros países de Latinoamérica. Particular es el caso de Colombia y México, que demuestran una participación activa de la ciudadanía en todo el proceso de construcción de la política pública asociada a la gestión del riesgo.
Las recomendaciones derivadas de la investigación tienen que ver con los mecanismos y las herramientas que
tiene el Estado para asegurar una mayor participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la gestión del riesgo en sus territorios. En cuanto a los mecanismos, es necesario contar con: (1) la obligatoriedad de institucionalizar la participación ciudadana a través de una normativa; (2) un entendimiento de la sociedad civil como un actor estratégico del Sistema Nacional de Protección Civil; (3) el impulso de sistemas de gestión basados en los conocimientos locales y tradicionales de los pueblos originarios; (4) la determinación de instrumentos que fortalezcan los mecanismos de participación; (5) convenios de vinculación
entre el Estado y las comunidades locales; (6) espacios de participación cvinculantes y representativos de la diversidad presente en el Estado chileno; y (7) la entrega de información y comunicación en las diferentes formas de lenguaje que son utilizadas en el territorio chileno. Con respecto de las herramientas que el Estado debe utilizar para lograr una participación activa de la sociedad civil en la gestión del riesgo se encuentran: (1) un enfoque diferencial y multicultural para garantizar la representatividad; (2) la aplicación de metodologías participativas que identifiquen y evalúen las amenazas y vulnerabilidades de las poblaciones y territorios; (3) una
estimación subjetiva del riesgo; (4) la creación de acervos culturales locales o indígenas sobre la gestión del riesgo; (5) la existencia de bases de datos públicas y accesibles; y (6) la utilización de lenguajes inclusivos y de una tecnología que favorezca la comunicación efectiva entre el Estado y los otros actores de la sociedad.
